La Administración Pública como Agente Cultural. Andalucía.

La Constitución de 1978 diseñó una estructura descentralizada de la administración pública que se refleja en tres niveles: la Administración del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, a los que se añaden las Diputaciones Provinciales y otros entes locales.

Este reparto es reflejo del carácter descentralizado, donde los entes territoriales tienen atribuidas la mayor parte de las competencias en cultura. Según la distribución competencial establecida en la Constitución, los tres niveles tienen atribuciones genéricas en materia de cultura, lo que hace que predomine el principio de concurrencia.

El desarrollo de las competencias culturales autonómicas ha dependido, en gran medida, del grado de definición cultural de la Comunidad, de los contenidos concretos de los Estatutos de Autonomía (ley de cada Comunidad en la que se recogen las competencias autonómicas), y de la voluntad y de los recursos de cada Comunidad para llevar a cabo la acción cultural, que  parten generalmente de una visión cultural concreta, no teniendo demasiado en cuenta el principio de participación ciudadana, su pluralidad y riqueza.

Puesto que la Administración pública central sirve con supuesta “objetividad” a los intereses generales de tal forma que, cualquier actividad ha de desarrollarse en virtud de pautas estereotipadas sin criterios subjetivos, se da el caso que en Andalucía, como en otras comunidades autónomas especiales culturalmente hablando, los intereses generales no siempre coinciden con los intereses particulares de la propia comunidad autónoma, en nuestro caso, Andalucía.

Andalucía, a lo largo de su historia, ha compilado un rico acervo cultural, una interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida que se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y que se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante.

Por ello, la Junta de Andalucía creó la Consejería de Cultura, que ha ido actualizando poco a poco y a lo largo de los años, los objetivos de las políticas culturales.

Su organigrama es el siguiente:

organigrama-CCUL

Fuente: Consejería de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/

 

Paralela e independientemente de la Administración central, la Consejería de Cultura intenta promover, no sin desaciertos,  los avances tecnológicos , las nuevas variables a tener en cuenta en la financiación de la cultura, el nuevo papel de creadores, usuarios, ciudadanía, administradores y gestores culturales, la estrecha interdependencia de la cultura con otras dimensiones de las políticas en los territorios, la configuración de un nuevo espacio público, así como las condiciones de redefinición de las redes europeas e internacionales de la cultura.

Con todo, la apuesta por un modelo cultural, en tiempos de incertidumbre sobre el papel de las instituciones y de las políticas públicas de la cultura, no está solo en su definición de objetivos, ni siquiera en el desarrollo de sus planes, sino también en los valores que se quieren impulsar con cada una de las acciones y en el modelo institucional que se configure a lo largo del tiempo.

La Comisión Europa 2020 propone la “unión por la innovación”, en ese sentido, la cultura es definida como ámbito de generación de ideas y formas expresión diversas que colaboren en el desarrollo y la generación de riqueza en los territorios; con sus dos caras, hacia dentro, atendiendo a la identidad y a la cohesión, y hacia fuera, atendiendo al intercambio-apertura, la diversidad riqueza y la variedad de agentes y actores culturales, promoviendo la reflexión, la investigación y el debate en torno a las nuevas prácticas y culturas digitales, así como la creación de redes de conocimiento.

La defensa de la cultura como identidad debe partir de la educación y puesta en valor de la creatividad y el conocimiento. Y a su vez, el talento como origen puesto al servicio del sector productivo, la capacidad innovadora y de creación de empleo a través de la explotación de la propiedad intelectual, hace que nuestras industrias creativas y culturales hoy sean una oportunidad para abordar social, cultural y económicamente un nuevo tiempo en una nueva ciudadanía europea.

Tras el análisis expuesto sobre la Administración autonómica, debe ser ella la más capacitada para llevar a cabo las políticas culturales mediante una repartición profesionalizadora de funciones coordinadas.

Otro debate diferente aparece cuando el consenso político y territorial no van de la mano de la Administración Central, encontrando en ella un enemigo a esquivar y derrotar, en lugar de un aliado para ganar la ansiada democratización cultural, tan necesaria en tiempos de crisis económica, social, política y moral, y donde la cultura es la base para el desarrollo de la sociedad futura.

Las Administraciones públicas autonómicas se reconocen pues, como los verdaderos agentes culturales defensores de las diferencias conjugadas con la diversidad social y cultural en convivencia mediante la difusión de bienes tangibles e intagibles provenientes de la creatividad territorial.

Edited by Olivia Palacios.

 

 

 

 

 

 

 

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